La Rebelión Feminista Desafía el Patriarcado en Latinoamérica // An Inconvenient Movement is Rising in Latin America

Foto por/photo by Natalia Bonilla. English translation: Not submissive, not silent for all our dead, not a minute of silence.

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LA REBELIÓN FEMINISTA DESAFÍA EL PATRIARCADO EN LATINOAMÉRICA

Lucia Pérez de Argentina, Yuliana Samboní de Colombia y Lesvy Osorio de México - estas mujeres, y miles más son asesinadas cada año por la violencia de género en América Latina. El femicidio es la forma más extrema de este mal que se manifiesta también en agresiones sexuales, torturas físicas y psicológicas infligidas por los hombres. Unidas por el luto y motivadas por la búsqueda de justicia para que los casos no queden impunes, los familiares de las víctimas así como cientos de activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han llevado sus demandas a los medios de comunicación. La tormenta logró ser viral con la creación de hashtags emblemáticos como #Vivasnosqueremos, #YosoyYuliana, #Mujergolpeadaesmujerfeliz y #Simematan, entre muchos otros. Sin embargo, el detonante de todos ellos fue el emblemático #Niunamenos, una frase que en 2015 dio pie al movimiento social en Argentina cuyo grito ha sido reproducido en otros países de América Latina y el Caribe.

La primera marcha que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, alcanzó una masiva acogida. En aquel entonces, decenas de miles de personas exigieron al Estado que pusiera fin a los femicidios y su demanda resonó en la región. El respeto a la vida y reconocimiento de los derechos de las mujeres son dos de los principales fines de este clamor social, que lucha porque no se olvide que cada víctima tiene un nombre y que cualquier mujer podría ser parte de las estadísticas desgarradoras.

Cada dos días, una mujer colombiana es asesinada por su pareja, según calcula ONU Mujeres. Cada 30 horas otra mujer es asesinada en Argentina, según datos de Ni una menos. Y de acuerdo con estadísticas gubernamentales y organizaciones locales, entre 7 y 10 mujeres son asesinadas cada día por violencia de género en México y Brasil, respectivamente.

Este pasado 8 de marzo, cientos de miles de mujeres y simpatizantes del movimiento Ni una menos en Latinoamérica se unieron al paro del Día Internacional de la Mujer. Ese mismo día, Guatemala estaba de luto por el asesinato de 40 niñas en un incendio registrado en el centro estatal de menores Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José de Pinula. Varias activistas consideraron la tragedia como un “femicidio institucional.” El hashtag #40niñas se convirtió en tendencia en Guatemala y en la región. Ante la lenta respuesta por parte del Estado, los medios de comunicación locales e internacionales así como las organizaciones no gubernamentales y civiles ejercieron presión sobre el Gobierno de Jimmy Morales para encontrar los culpables del siniestro y procesarlos.

Sin embargo, ese pareciera ser el problema que más incomoda. Ver que, a pesar de todo el ruido, las marchas, las cartas de solidaridad y las campañas en las redes sociales, la impunidad reina. Los femicidios continúan. La brutalidad de los asesinatos y la violencia sexual contra las mujeres no han disminuido. En cualquier caso, los crímenes y las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres son más visibles que nunca y aún hay muchos desafíos para poner fin a esta violencia en términos de legislación y enjuiciamiento. La diferencia es que ahora, más que antes y dada a su visibilidad, las mujeres han buscado protegerse más entre sí.

Según la académica mexicana Marcela Lagarde, después de estudiar el asesinato sistemático de mujeres en Ciudad Juárez, el término correcto para describir lo que ocurría allí no debía ser femicidio sino feminicidio (genocidio contra las mujeres). Comparar femicidio y homicidio es erróneo si, mirando de cerca, vemos que hay una guerra (ahora, no tan silenciosa) contra las mujeres que pretende aniquilar su existencia no sólo en Ciudad de Juárez sino en otros lugares de Latinoamérica.

Ada Álvarez, experta en violencia en el noviazgo y activista feminista, explica que culturalmente, la muerte en la región es vista como algo inevitable. “Se minimiza la muerte como algo que nos toca a todos, pero el asunto es cómo ocurre esa muerte. No es justo ni digno tener una posibilidad de muerte mayor porque uno nace con vagina”, dice. En ese sentido explica que la actual resistencia feminista responde a que “no nos toca enfrentar las consecuencias del machismo, nos toca cambiarlo”. También, la investigadora mexicana y feminista Marisa Ruiz Trejo apunta a que hay una predisposición cultural a valorar a unas vidas por encima de otras y que, en muchos casos, las mujeres y las niñas no son vistas ni tratadas como personas sino como cuerpos. En ese momento, la violencia extrema ejercida contra ellas lleva a criminalizarlas, perseguirlas y borrarlas.

La convocatoria de Ni una menos es incómoda, precisamente, porque es de suma importancia. Delata que las acciones gubernamentales en América Latina son lentas -y en algunos contextos, totalmente ineficaces-, y no eso no se debe a la falta de protestas y estadísticas. De hecho, antes de que Ni una menos adquiriera atención internacional, Brasil aprobó la Ley María da Penha contra la violencia doméstica y familiar en 2006. Dos años más tarde, con su alta tasa de violencia de género, Guatemala se convirtió en el primer país de la región en pasar un Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer. Argentina siguió con la Ley 26.485 para proteger la vida de las mujeres. Con ese impulso, Chile, Bolivia y México hicieron lo mismo. En este último país, según indica el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, “a pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, éste no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, debido a la permisibilidad latente y grave del Estado mexicano.”

Precisamente, la falta de implementación de políticas públicas y la impunidad agitaron el movimiento Ni una menos. En su investigación “Femicide Legislation: Lessons from Latin America” (Legislación de Femicidio: Lecciones de América Latina), Michelle Carrigan concluyó que “las construcciones de femicidios difieren de un país a otro y están moldeadas por circunstancias específicas de cada país.” También, lo más perturbador de su estudio fue notar que la existencia de leyes de femicidio en la región “no parece reducir significativamente las tasas de homicidios femeninos” y que el fracaso en la implementación de las leyes puede atribuirse a la ineficiencia institucional para monitorear su ejecución debido a la falta de fondos. Carrigan va más allá y argumenta que son los valores sociales los que contribuyen a que una cultura acepte el femicidio. En ese sentido, defiende en la tesis que los grupos de mujeres en Latinoamérica “parecen haber logrado tener el femicidio reconocido como un problema social en toda la región. El nivel de este logro varía de un país a otro, pero puede mostrarse a través de diversas disposiciones de la legislación, incluyendo sanciones penales, penas más severas para los delitos domésticos y reconocimiento de las causas subyacentes del feminicidio.”

Es muy probable que los estados latinoamericanos no respondan con premura a este problema por las mismas razones que los derechos de las mujeres todavía son debatidos en otras partes del mundo. La mayoría de las instituciones gubernamentales están compuestas por hombres, que se benefician de la exclusión de las mujeres en la esfera pública y muchas veces, las desprecian como actores políticos y económicos. Las construcciones de género siguen planteando un reto a la priorización y ejecución de las leyes y propuestas. Las prácticas institucionales en la región tienden a favorecer una identidad masculina normativa -si nos dejamos llevar por la teoría de Charlotte Hooper sobre Estados masculinos-, y reconocer que existe la violencia contra las mujeres supondría que quienes estén en el poder deben responsabilizarse por su prevención.

Además, otro agravante que dificulta la lucha feminista son los principios históricos y religiosos inculcados desde el período de colonización que en la actualidad, están terriblemente presentes en la vida cotidiana en América Latina. Son muchas las personas -si no la mayoría-, que tienen opiniones conservadoras sobre cuál debe ser el lugar y los derechos de una mujer.

Para las activistas, elegir frentes de batalla es una tarea compleja ya que la violencia de género, la educación con perspectiva de género y la desigualdad de género tienen sus propios obstáculos, a pesar de estar vinculados. Cambiar las relaciones de género y poder es necesario. Al principio, lo que catapultó a Ni una menos como un colectivo novedoso fue su llamado claro y contundente: detener los femicidios y exigir un respeto a las vidas de las mujeres. Con el pasar de los meses, el movimiento social acogió un creciente número de demandas que pedían a los gobiernos incluir a las mujeres en la política, que acabaran con la la brecha salarial, reconocieran los derechos reproductivos y apoyaran a la comunidad LGBTQ, entre muchos otros reclamos. Con una gran diversidad de voces y demandas de las protestas en Argentina y otros países, quienes ostentan el poder aprovecharon la falta de una llamada concreta a la acción. Pareciera como si los políticos, oficiales de seguridad y hombres profesionales estuvieran a la espera de que el "hechizo” que empodera a las mujeres algún día desaparezca.

La profesora argentina Julieta Arosteguy explicó cómo la administración de Mauricio Macri se ha transformado hacia un enfoque conservador en torno a la protección de los derechos humanos y la igualdad de género. “El gobierno de Macri ha desarticulado los programas sociales y equipos de profesionales que trabajaban en ámbitos ministeriales, promoviendo una ONGeización del Estado. Las ONG’s católicas (cuando no la Iglesia, de manera más o menos solapada) han avanzado copando estos espacios y andan fomentando desde diversos sectores un discurso moralizante que atrasa 70 años y pretende perpetuar roles de género, por demás perjudiciales, para las mujeres y sexualidades no hegemónicas,” dijo Arosteguy.

Podría decirse que la actual rebelión feminista en Latinoamérica ha dejado a los hombres y líderes políticos en un estado de negación. Al dilatar (y hasta frenar) el tiempo de respuesta con respecto a las implementaciones de leyes, esperan que el movimiento fracase o se agote, conscientes de que grandes cambios culturales y estructurales que incitan la violencia de género podrían tardar décadas antes de ser aceptados como nuevas normas sociales. Sin embargo, lo que queda en evidencia es que Ni una menos debe continuar refinando su voz y su plataforma de acción para luchar por la igualdad de género en el continente. ¿Por qué? Porque ahora es el mejor momento para hacerlo.

“Ni una menos ha encendido la conversación sobre cómo el machismo no tiene fronteras pero la solidaridad, hermandad y lucha por los derechos de las mujeres tampoco si es que por fin nos unimos”, dijo Álvarez.

Arosteguy trasciende en su evaluación al agregar que, "Ni una menos, creo que modificó la violencia de género, volviéndola un producto atractivo para los medios de comunicación. El resultado deseado (y logrado) por las organizadoras del movimiento fue la visibilización de la problemática de la violencia. El resultado no deseado fue la consecuente banalización del problema, que se ha convertido en fetiche del morbo mediático.”

Si dejamos a un lado los retos futuros que aún son muchos, es necesario reconocer que el movimiento Ni una menos dio visibilidad a una nueva generación de activismo feminista en Latinoamérica. La protesta social logró un amplio reconocimiento de la violencia de género, feminicidios y feminicidios, así como cambios legislativos (y de consciencia) en varios países de la región. Desde que la primera marcha tuvo lugar en Argentina, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de esa nación, Elena Highton de Nolasco, llamó a la rama judicial a crear un Registro Nacional Femicidios. También, a raíz de esa protesta del 3 de junio de 2015, los pedidos de ayuda en la línea nacional 144 aumentaron de 1.500 a más de 10.000 diarios. En Colombia, el activismo de Natalia Ponce de León motivó la aprobación de una ley bajo su mismo nombre para aumentar las penas de prisión a los perpetradores de ataques con ácido. (Ponce de León fue víctima de un ataque ácido por un hombre encapuchado que quemó un tercio de su cuerpo.) En Brasil, la violencia contra las mujeres inspiró el proyecto de datos abiertos Femicide Dossier, mientras que en México, activistas crearon un Crowdmap de femicidios para resaltar donde se reportan más casos. Sin embargo, los avances en México son lentos, ya que Campeche, Colima, Ciudad de México, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz son los únicos estados y ciudades que han aprobado protocolos con perspectiva de género, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano sobre Femicidio. Hasta la fecha, Chihuahua, donde se ubica la Ciudad de Juárez, es el único estado de los 32 que no ha tipificado el crimen de feminicidio.

Indudablemente, las mujeres latinoamericanas y caribeñas no retrocederán en la lucha por sus vidas. Tal y como demostró el Paro Internacional de Mujeres de este año, cientos de miles acudieron a la convocatoria mundial y los medios de comunicación internacionales han comenzado a destacar de manera significativa que las mujeres son asesinadas por hombres simplemente por ser mujeres. Es tiempo de concentrar nuestra atención y cuestionar cómo la religión y la política a lo largo de la historia han beneficiado expresamente a los hombres y oprimido a las mujeres en Latinoamérica y en otros continentes. Pero, en ese esfuerzo es imperativo que también se investigue y se denuncie cómo la raza, etnicidad, educación y el lugar de nacimiento son factores determinantes en el asesinato y la violencia cometida contra las mujeres.

La rebelión feminista en Latinoamérica ha visibilizado que cada mujer asesinada fue antes una persona con una vida, un nombre, un rostro, una historia y una lucha. Y resaltar esos detalles es importante para demostrarle a las niñas y mujeres de todo el mundo que nuestras vidas son igual de válidas que las de los hombres.

Foto por/photo by Natalia Bonilla.  English translation: We are opposed to our daily life being a struggle to live.

Foto por/photo by Natalia Bonilla.  English translation: We are opposed to our daily life being a struggle to live.


AN INCONVENIENT MOVEMENT IS RISING IN LATIN AMERICA

Lucia Perez of Argentina, Yuliana Samboni of Colombia, and Lesvy Osorio of Mexico - these women, and thousands more, are killed by gender-based violence in Latin America every year. Perpetuated not only through murder, the violence manifests in sexual assault, physical, and psychological torture inflicted by men upon women. United by mourning and motivated by justice, the family members of victims, human rights activists, and civil society have taken their demands to the media with a storm of activism.  Creating hashtags such as #Vivasnosqueremos (We all want to be alive), #YosoyYuliana (I am Yuliana), #Mujergolpeadaesmujerfeliz (A beaten woman is a happy woman) and #Simematan (If I get killed), the soft power of social media agitation has grown into the Ni una menos movement which held its first protest in 2015 in Buenos Aires, Argentina.

During the 2015 protest, the movement demanded the state put a stop to stop femicides, which was then reiterated by several other communities throughout Latin America and the Caribbean. Two of the main claims of this social outcry are respect and recognition of women, which serve as a reminder that every victim has a name, and any other female could be part of the harrowing statistics.  

Almost every two days a Colombian woman is killed by her partner, according to estimates by UN Women. Every 30 hours another woman is killed in Argentina, according to Ni una menos estimates. And according to government and grassroots statistics, each day 7 women will fall victims to gender-based hate murder in Mexico, as will 10 per day in Brazil.

This year, tens of thousands of women and those who supported the Ni una menos movement in Latin America joined the International Women’s Day strike on March 8th. That same day, Guatemala mourned dozens of girls killed in a fire reported in public shelter Hogar Seguro Virgen de la Asuncion, located in San Jose de Pinula. Activists considered the tragedy an “institutional femicide." The hashtag #40niñas became a trending topic in Guatemala and across the region. Pressure was put on the state by the media and grassroots organizations to find the perpetrators and prosecute them.

However, in what seems to be a lingering problem, despite all the noise, marches, solidarity letters, and social media campaigns, impunity still reigns. Femicides continue. Brutal murders and sexual violence against women have not decreased. In any case, crimes and human rights violations against women are more visible than ever before, however, there are still challenges to ending this violence in terms of legislation and prosecution. According to Mexican academic Marcela Lagarde, after studying the systematic killing of women in Ciudad Juarez, the term should not be femicide but feminicide, to more closely mirror the word 'genocide.' Creating a comparison between femicide and homicide is incorrect, if, we see that there is a not so silent war against women to annihilate their existence in not just Ciudad de Juarez, but across Latin America.

Dating violence expert and feminist activist Ada Alvarez explains that culturally, death in the region is seen as inevitable. She laments that “it is not fair, [women are] not deserving to have a higher risk of death just because as a human being they are born with a vagina.”  She explains that female endurance of male chauvinism, machismo, is “not a destiny we have to be okay with.”

The inconvenience of this call is of paramount concern. Governmental actions in Latin America are slow, and not because of a lack of protests and statistics. In fact, even before Ni una menos became a trending topic, Brazil approved the Maria da Penha Law on Domestic and Family Violence in 2006. Two years later, with its high rate of gender violence, Guatemala passed the Law against Femicide and All Forms of Violence against Women. Argentina followed with 26.485 Law to Protect Women. With that momentum, Chile, Bolivia, and Mexico did the same. In the latter country, according to data from the National Citizen Observatory of Feminicides, “even though the General Law for Women to have Access on a Life Free of Violence includes the term feminicide violence, this crime continues to go unrecognized and much less used by the authorities in charge of seeking justice, due to the current and serious permissibility of the Mexican state.”

This impunity and lack of policy implementation are factors that triggered the Ni una menos movement. Femicide Legislation: Lessons from Latin America by Michelle Carrigan concluded that “constructions of femicide differ from country to country and are shaped by country-specific circumstances.” The existence of femicide laws in the region “do not appear to significantly reduce female homicide rates” and failure of implementation or “policy slippage” can be attributed to an institution’s inadequacy to monitor enforcement due to lack of funds. “Most notable, however, are societal values, which also contribute to a culture accepting of femicide. Public support and normative values can substantially influence how successful the implementation of legislation is in practice,” says Carrigan. In that sense, she found out that “women’s groups in Latin America appear to have been successful in having femicide recognized as a social problem throughout the region. The level of this achievement varies from country to country, but can be displayed through various provisions of legislation including criminal sanctions, increased penalties for domestic crimes, and acknowledging the underlying causes of femicide.”

There is a strong notion that Latin American states delay an accurate response to this problem because of the same reasons women’s rights are still being debated around the world. The majority of government institutions are composed of men, who benefit from the exclusion of women in the public sphere and often disregard them as political and economic actors. Gender constructs continue to pose a challenge to how law and legislation are prioritized and executed. Institutional practices in the region tend to favor a normative masculine identity - if looking through the glass of Charlotte Hooper’s theory Masculinities, International Relations and the Gender Variable - and recognizing violence against women means those in power must shoulder the responsibility of prevention.

Additionally, historical and religious principles instilled since the period of colonization are terribly present in everyday life in Latin America and many, if not most, have conservative views as to what a woman’s place and rights should be.

For activists, choosing a focus is hard when gender violence, education with a gender-perspective, and gender inequality have equally challenging roadblocks despite being linked. Changing gender relations, and therefore power dynamics, is critical. At the beginning, what made the Ni una menos movement a novelty was their clear call: stop femicides and respect our lives. With months passing, the movement transformed into a growing number of voices demanding that governments include women in politics, end unequal pay, recognize reproductive rights, and support the LGBTQ community, among many others. With a wide diversity of voices and demands from the movement, those in power took advantage of the lack of one specific call to action. It is as if male politicians, security officials, and professionals are waiting for the “empowerment spell” to fade away.

Argentine feminist and university professor Julieta Arosteguy explained how Mauricio Macri’s administration has stirred towards a conservative approach to human rights protection and gender equality. "Macri's government has dismantled social programs and has let go of professionals that used to work in ministries. Catholic NGO's (either from the institution itself or related to it) have advanced ground in several public sectors with a moral speech dated 70 years ago and aimed at perpetuating stereotypical gender roles that harm women and all sexual identities not hegemonic," Arosteguy said.

It could be said the current uproar of the feminist social resistance in Latin America has left men and political leaders in a state of denial. By slowing down response time regarding legal implementations, they are waiting for the movement to fail and are seeking its depletion, aware that major cultural and structural violence changes could take decades to be accepted. However, this inconvenient movement should continue using its voice and actions to strive for gender equality. Why? Because now it is the convenient time.

“Ni una menos has ignited a conversation on how borderless male chauvinism  - machismo -  is, and at the same time, how borderless solidarity among women for our own rights and lives is,” Alvarez said.

Arosteguy goes further into the assessment by adding that, "in a way, Ni una menos has changed the perception of gender violence, turning it into an attractive product to mass media. The desired result (and achieved) from the founders of the movement was to made visible to the masses the problem of violence against women. The undesired result was the consequent banalization of the issue, which has become somewhat of a fetish to feed morbid to the media."

Besides all challenges ahead, the Ni una menos movement made more visible a new generation of feminist activism in Latin America. The social outcry has achieved widespread recognition on gender violence, femicides, and feminicides as well as legislative changes in several countries. Since the first march took place in Argentina, Supreme Court of Justice Vice President Elena Highton de Nolasco made a call to judiciary bodies to create a National Femicide Registry. The calls for help at the nationwide 144 line spiked from 1,500 to more than 10,000 daily.  In Colombia, Natalia Ponce de Leon’s activism led the approval of a law under her same name to increase the prison sentences of acid attack perpetrators. Ponce de Leon herself was victim of an acid attack by a hooded man, which burned a third of her body. In Brazil, violence against women inspired the open data project Femicide Dossier, while in Mexico, a femicide crowdmap was created to highlight where cases are most reported. However, progress continues to be slow in Mexico as Campeche, Colima, Mexico City, Sinaloa, Oaxaca and Veracruz are the only states and cities that have approved protocols with a gendered perspective, according to data from the National Citizen Observatory on Femicide. To date, Chihuahua, where Ciudad de Juarez is located, is the only state out of the 32 that have not typified the crime of feminicide.

Undoubtedly, Latin American and Caribbean women will not back down on what has become the fight for their lives. As this year’s International Women’s Strike showed, thousands of women and female activists from the region joined the worldwide call, and international media has begun to significantly highlight that women are being killed by men for simply being women. Now is the time to focus our attention to and expand research on how religion and politics throughout history have expressly benefitted men and oppressed women in every continent but also how race, ethnicity, education, and place of birth play critical roles in the death of women.

We must see each murdered woman as a human who had a life, name, story, and struggle, in order to demonstrate to little girls and women everywhere that our lives are just as valid as men’s.


Natalia Bonilla is a Puerto Rican journalist and documentary producer who focuses on conflict, peace and gender issues in Latin America. Follow her on Twitter: @nataliabonilla

Natalia Bonilla es periodista y productora puertorriqueña con énfasis en conflicto, paz y género en Latinoamérica. Seguirla en Twitter @nataliabonilla